El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su desacuerdo con la decisión del Gobierno de ordenar la “detención inmediata” de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, al considerar que este tipo de medidas puede generar incertidumbre en el clima de inversión y afectar la confianza del sector productivo.
La organización empresarial sostuvo que, si bien reconoce la importancia de proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar de las comunidades, las decisiones relacionadas con proyectos de alto impacto económico deben estar sustentadas en estudios técnicos, procesos institucionales sólidos y un diálogo abierto entre todos los actores involucrados.
En ese sentido, el CONEP abogó por la búsqueda de soluciones equilibradas que permitan armonizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental, evitando acciones que puedan interpretarse como abruptas o carentes de consenso. A su juicio, el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la seguridad jurídica y fomenten la inversión responsable.
Asimismo, el gremio empresarial reiteró su llamado a las autoridades para que se promueva un espacio de concertación en el que participen el Gobierno, las comunidades locales, el sector privado y expertos independientes, con el objetivo de evaluar de manera integral los impactos del proyecto minero y determinar su viabilidad bajo criterios técnicos y ambientales.
La postura del CONEP se produce en medio de crecientes tensiones en San Juan, donde diversos sectores sociales y ambientales han manifestado su rechazo a la explotación minera, mientras otros defienden su potencial como motor de desarrollo económico para la región. El debate continúa marcando la agenda nacional, evidenciando la complejidad de conciliar intereses económicos, sociales y ambientales en torno a la actividad extractiva.