El llamado a paro nacional de 24 horas convocado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que inició este martes a las 8:00 de la mañana, vuelve a colocar sobre la mesa una problemática que durante los últimos años ha generado crecientes tensiones entre el sector salud, el Ministerio Público y los pacientes: la judicialización de los actos médicos y las garantías procesales para los profesionales de la medicina.
La decisión del gremio surge tras el arresto del cirujano bucomaxilofacial William Radhamés Almánzar Escarramán y de su asistente, Franklin Almánzar, quienes permanecen detenidos en la Fiscalía de La Vega bajo acusaciones de presunta mala praxis médica. Para el CMD, la actuación de las autoridades constituye una vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva establecidos en el artículo 69 de la Constitución.
Durante una rueda de prensa, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, afirmó que la detención representa un precedente preocupante para el ejercicio profesional, al considerar que antes de recurrir a medidas privativas de libertad deben agotarse las investigaciones técnicas y periciales que permitan establecer responsabilidades médicas de manera objetiva.
Un conflicto que se repite
El caso no es un hecho aislado. En los últimos años, el Colegio Médico ha protagonizado diversas protestas en respuesta a procesos judiciales iniciados contra especialistas acusados de negligencia médica, alegando que en muchos expedientes se aplican medidas coercitivas antes de concluir las investigaciones científicas correspondientes.
Especialistas consultados en derecho sanitario sostienen que la mala praxis médica requiere evaluaciones altamente técnicas, sustentadas en peritajes realizados por profesionales independientes, debido a que los resultados adversos de un procedimiento no necesariamente implican negligencia o responsabilidad penal.
Al mismo tiempo, organizaciones defensoras de pacientes recuerdan que las víctimas de posibles errores médicos también tienen derecho a obtener justicia, reparación y acceso oportuno a investigaciones imparciales cuando existen indicios de actuaciones negligentes.
El papel de los asistentes médicos
Otro de los puntos que genera controversia es la inclusión del asistente Franklin Almánzar en el proceso judicial. El CMD sostiene que los asistentes forman parte del equipo quirúrgico y ejecutan funciones previamente autorizadas y supervisadas por el médico tratante, por lo que consideran desproporcionada su detención sin una evaluación individualizada de sus responsabilidades.
Juristas consultados explican que la eventual responsabilidad penal de un asistente dependerá de las funciones específicas desempeñadas durante el procedimiento y del grado de participación que pueda demostrarse mediante las investigaciones.
Impacto del paro
La paralización convocada por el Colegio Médico afecta las consultas y procedimientos electivos en hospitales públicos y centros de salud donde los médicos acogieron la convocatoria. Sin embargo, el gremio informó que permanecerán operativos los servicios de emergencia, las unidades de cuidados intensivos y la atención a pacientes críticos, conforme a los protocolos habituales en este tipo de jornadas.
Mientras tanto, el caso mantiene abiertas varias interrogantes: si las autoridades actuaron conforme al debido proceso, si existen elementos suficientes para justificar las detenciones y si este expediente marcará un nuevo precedente sobre la responsabilidad penal derivada de los actos médicos en la República Dominicana.
El conflicto también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación especializados en presunta mala praxis, de manera que se protejan simultáneamente los derechos de los pacientes, la seguridad jurídica de los profesionales de la salud y la confianza pública en el sistema sanitario y de justicia.