El último intento de la Administración Trump de ampliar su controvertido programa de deportaciones ha provocado una fuerte respuesta tras conocerse que los migrantes bajo custodia de Estados Unidos estaban siendo preparados para su deportación a Libia, un país del norte de África con historial de abusos contra los derechos humanos. Los defensores de inmigrantes, un juez federal e incluso las autoridades libias han advertido de que tales traslados violarían tanto las normas legales como las éticas.
¿Deportaciones a Libia?
Según varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato con Reuters y Associated Press, el pasado 7 de mayo la Administración Trump planeaba deportar a Libia a inmigrantes no libios en un vuelo militar estadounidense. Al parecer, entre las nacionalidades de los afectados había personas procedentes de Vietnam, Laos, Filipinas y México.
En los reportes se menciona el caso de la familia de Valentín Yah, un mexicano recluido en un centro de detención de Texas. Su familia afirma que se le presionó para que firmara documentos que consentían su deportación a Libia, aunque él pidió que se le regresara a México.
El Gobierno no ha aclarado cuántas personas podrían verse afectadas ni cuál es la base jurídica para deportar a personas a un país del que no son ciudadanos. Cuando se le preguntó sobre los informes de Libia, el presidente Donald Trump simplemente desvió la atención y dijo a los periodistas: “Tendrán que preguntar [al Departamento de] Seguridad Nacional”.
Intervención judicial
El fundamento jurídico de la medida no tardó en cuestionarse. El juez de distrito de Estados Unidos Brian Murphy, que ya había dictaminado en marzo que a los migrantes se les debe permitir una “oportunidad significativa” para impugnar la deportación a países no nativos, reafirmó que cualquier expulsión a Libia “violaría claramente la orden” de su tribunal. Rechazó los argumentos de que el Pentágono, y no el Departamento de Seguridad Nacional, podría llevar a cabo dichas expulsiones, bajo el pretexto de que la Administración no podía eludir las órdenes judiciales al alternar responsabilidades entre departamentos.
Murphy también ordenó a la Administración que presentara información sobre quiénes podrían verse afectados y las justificaciones legales de los planes de deportación. Además, afirmó que “no hay duda” de que dichas expulsiones violarían las órdenes judiciales que protegen a los inmigrantes de ser enviados a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
Abogados presentaron mociones de emergencia para bloquear las expulsiones, con el argumento de que algunos detenidos fueron sometidos a tácticas coercitivas, como el aislamiento, para obligarlos a firmar exenciones de deportación. Según los letrados, al menos a seis detenidos en Texas se les dijo que su destino era Libia, a pesar de que ninguno tenía nacionalidad de ese país.