Por: Cesar Caamaño.
En la agenda diplomática y en los titulares de la prensa internacional, el Caribe vuelve a estar bajo la lupa. Se analiza con atención el avance de las pandillas en Haití, la delincuencia desbordada, el narcotráfico y la grave crisis de inseguridad que asfixia a la vecina nación. Sin embargo, resulta profundamente irónico cuando no cínico escuchar discursos de señalamiento y lecciones de gobernanza provenientes de potencias geopolíticas que, dentro de sus propias fronteras y en sus zonas de influencia, sufren de las mismas o peores dolencias.
El caso de Estados Unidos es el ejemplo más claro de este doble rasero. ¿Con qué solvencia moral se juzga el colapso de un país golpeado por la pobreza cuando la superpotencia del norte no ha sido capaz de erradicar estos mismos males en su propio territorio?
No hay que ir muy lejos para verlo. En Puerto Rico, bajo jurisdicción federal estadounidense, el narcotráfico y la violencia criminal han campado a sus anchas durante décadas a pesar de la presencia constante de agencias como la DEA y el FBI. De igual forma, en el continente, ciudades como Los Ángeles, California, albergan pandillas históricas que, lejos de extinguirse, se han vuelto más sangrientas y complejas.
Esta misma dinámica se extiende hacia Centroamérica y Suramérica. En el istmo centroamericano, naciones del Triángulo Norte han sufrido el flagelo de las maras muchas de las cuales surgieron en las calles angelinas y fueron exportadas tras deportaciones masivas—. Mientras tanto, en Suramérica, el crimen organizado y los carteles continúan multiplicándose, alimentados en gran parte por el inagotable consumo de estupefacientes en el mercado norteamericano y el tráfico ilegal de armas que sale impunemente desde territorio estadounidense.
Frente a esta realidad, resulta insostenible que voceros de la comunidad internacional intenten desviar la atención exigiendo a otros lo que el país con mayor presupuesto militar del mundo no ha podido resolver en sus propias calles.
Peor aún es el intento sistemático de responsabilizar, condenar o culpar a la República Dominicana de la tragedia haitiana. En respuesta a estas acusaciones injustas, diversos sectores del pueblo dominicano se han levantado en protestas pacíficas para defender la dignidad y soberanía nacional. A través de pancartas, marchas ciudadanas y pronunciamientos cívicos, el mensaje dominicano ha sido claro: República Dominicana no es responsable del colapso institucional ni del vacío de poder en Haití. Ninguna nación caribeña ha sido más solidaria, pero asumir la carga social, médica y económica de otro Estado sobrepasa los límites de cualquier país en desarrollo.
La solución a la crisis de las pandillas en Puerto Príncipe no vendrá de señalar con el dedo ni de buscar chivos expiatorios en la frontera contigua. Es hora de detener la hipocresía política: las potencias del norte deben asumir su cuota de responsabilidad por la demanda de drogas y el tráfico de armas que financian a estos grupos violentos, y respetar la soberanía de los pueblos que reclaman paz y justicia en su propia tierra.