
Una sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) contra los artículos 109 y 115 de la Ley 66-97, General de Educación, y la Ordenanza 24-2017, deja en la ilegalidad a los 18 directores de las Regionales y los 121 de Distritos de Educación nombrados por el exministro Roberto Fulcar, que mediante una orden departamental sustituyó a los anteriores en 2020.
Con esta acción, el gremio que agrupa a los maestros quería que se derogaran los artículos 109 y 115 de la Ley General de Educación que establecen que el ministro seleccionará las personas que ocuparán las Direcciones Regionales y Distritales y la Ordenanza 24-17 que dispone la convocatoria del proceso competitivo de selección de candidatos para conformar ternas a ser presentadas al ministro para ocupar las posiciones en esos cargos.
El cargo de Director de Regional y Distrito de Educación es por cuatro años y la designación se realiza en base a un concurso.
