Por: Cesar Caamaño.
En el debate público dominicano, pocas cuestiones generan tanta pasión, distorsión y ruido político como la crisis haitiana y su impacto directo en la República Dominicana. En medio de esta marea de retórica y polarización, la postura del presidente Luis Abinader suele ser sistemáticamente malinterpretada, cuando no deliberadamente sacada de contexto por sectores que obtienen dividendos políticos o económicos del desorden y la inestabilidad.
La premisa central que guía la política exterior del mandatario dominicano es sencilla, realista y pragmática: si a nuestro vecino le va mejor, la República Dominicana carga con un peso mucho menor.
Durante décadas, la República Dominicana ha asumido de manera solitaria una presión desproporcionada sobre sus servicios básicos de salud, educación y su seguridad nacional. Lejos de las acusaciones infundadas de la oposición o de las presiones de organismos internacionales, el esfuerzo del presidente Abinader para que la comunidad internacional intervenga y ayude al desarrollo institucional de Haití no busca la fusión ni la capitulación; busca, precisamente, la salvaguarda de la soberanía nacional.
El negocio del caos: Oposición e industria internacional
No resulta sorpresivo que la oposición política y ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) ataquen ferozmente la estrategia del primer mandatario.
A muchos de estos actores no les conviene que el vecino país mejore ni que alcance la autosuficiencia:
Para la oposición interna, la crisis migratoria es un botín electoral perfecto, utilizado para sembrar temor y señalar al Gobierno, sin proponer jamás una solución viable de fondo.
Para ciertos organismos e industrias internacionales, Haití ha sido durante años una fuente inagotable de presupuestos y financiamientos. A estas entidades les resulta sumamente cómodo «lavarse las manos como Poncio Pilatos», trasladando gradualmente la responsabilidad humanitaria y social a los hombros del pueblo dominicano mientras dictan lecciones morales desde la distancia.
Pretender que la República Dominicana cargue con los males históricos, la violencia de las bandas y el colapso institucional de Haití no solo es una injusticia histórica, sino una amenaza insostenible para nuestra estabilidad económica y social.
Una estrategia de seguridad y visión a largo plazo
El llamado constante del presidente Abinader en los foros internacionales —desde las Naciones Unidas hasta la OEA— no es más que una verdadera estrategia de Estado. Exigir la pacificación, el desarrollo, la educación y la mejora del sistema de salud dentro del propio territorio haitiano es el único camino real para:
Garantizar la Seguridad Nacional: Reducir la presión en la frontera y neutralizar el flujo indiscriminado hacia el territorio dominicano.
Proteger la Salud Pública: Aliviar la sobrecarga que actualmente enfrentan los hospitales maternológicos y centros de salud del Estado dominicano.
Fomentar la Dignidad Vecinal: Darle a los ciudadanos haitianos la oportunidad de construir una vida digna, con educación y trabajo en su propia tierra, sin verse obligados a emigrar de manera irregular.
Luis Abinader ha entendido lo que muchos prefieren ignorar: la verdadera defensa de la patria no se logra con discursos vacíos ni dejando que el problema se pudra en el tiempo. Se logra exigiendo firmeza, construyendo controles claros y empujando a la comunidad internacional a que asuma su responsabilidad histórica con el pueblo haitiano.
Apoyar una solución de fondo en Haití no es un acto de debilidad ni de subordinación; es la estrategia geopolítica más inteligente para asegurar el futuro, la paz y la prosperidad de la República Dominicana. Es hora de dejar a un lado la mezquindad política y reconocer que proteger a nuestra nación exige, ante todo, visión de futuro y la valentía de decir las cosas como son.