La investigación sobre el presunto entramado de corrupción en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) dio un nuevo giro este martes, luego de que la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impusiera 18 meses de prisión preventiva al expresidente de la Junta Directiva y del Patronato de la institución, Héctor Antonio Lora Cruceta, y a su esposa, Luisa Guzmán, principales imputados en la denominada Operación Onco 14.
La magistrada acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que existen suficientes elementos de convicción que vinculan a ambos con la presunta estructura de corrupción investigada. Asimismo, declaró el expediente como caso complejo, una decisión que permitirá a los fiscales ampliar el período de investigación debido al volumen de pruebas, la cantidad de operaciones financieras que deben ser analizadas y la posible participación de otras personas.
El proceso judicial se produce tras varios días de audiencias en las que el órgano acusador presentó documentos, informes financieros y otros elementos probatorios con los que pretende demostrar la existencia de un esquema organizado para el presunto manejo irregular de recursos dentro del centro de salud.
De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades buscan establecer si desde la dirección administrativa y el patronato del IORC se ejecutaron maniobras destinadas al presunto desvío de fondos, pagos irregulares, contrataciones cuestionadas y otras operaciones que habrían comprometido el patrimonio de una institución dedicada a la atención de pacientes con cáncer en la región Norte.
La declaratoria de complejidad permitirá al Ministerio Público profundizar las pesquisas mediante auditorías financieras, levantamientos patrimoniales, análisis de cuentas bancarias, revisión de contratos y nuevos interrogatorios, con el objetivo de determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer si existió una estructura organizada para cometer los hechos investigados.
El caso ha generado gran expectativa debido a la importancia del Instituto Oncológico Regional del Cibao dentro del sistema de salud dominicano. La investigación no solo procura establecer responsabilidades penales individuales, sino también determinar el impacto que las presuntas irregularidades pudieron haber tenido sobre los recursos destinados a la atención de miles de pacientes oncológicos.
Con la imposición de la prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, la Operación Onco 14 entra ahora en una nueva fase investigativa. El Ministerio Público dispone de un mayor margen para fortalecer la acusación, mientras que la defensa de los imputados mantiene su posición de rechazar las imputaciones y ejercer los recursos legales correspondientes. En esta etapa del proceso, los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva.