Después de las controversias que generaron las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República (CGR) entre 2020 y 2022, la entidad ha decidido no publicar más informes. Los resultados de los estudios realizados durante los últimos cuatro años permanecen archivados, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida hacerlos públicos.
Esto último fue confirmado por la misma institución que, en su respuesta a una solicitud de información hecha en enero pasado, se negó a compartirlos y pidió «esperar a que sean oficializados a través del Poder Ejecutivo los informes finales de las auditorías«.
La entidad negó nuevamente compartir los informes en otra solicitud hecha en agosto y respondió con una carta en la que el contralor, Geraldo Espinosa Pérez, se amparó en la Ley 10-07 (que la regula) para asegurar que no tiene la obligación legal de publicarlos.
La retención de estas informaciones evidencia un cambio de la política gubernamental al respecto, pues en el 2020 el presidente Luis Abinader ordenó realizar auditorías a todas las instituciones públicas durante la gestión anterior y en 2022 mandó a hacer lo mismo con los funcionarios de su administración. También dispuso la publicación de sus resultados, en concordancia con su discurso de transparencia y rendición de cuentas.
Pero esas publicaciones no se cumplieron en la cantidad prometida y se detuvieron a partir del 2023. Actualmente, hay 38 auditorías publicadas en la página web de la Contraloría, de las cuales apenas tres corresponden al 2026, un número reducido frente a las 390 auditorías ejecutadas entre 2023 y 2025. Esto significa que las publicadas representan alrededor del 9.7 % de las realizadas en ese período.
- La gran cantidad de auditorías realizadas al Gobierno pasado tampoco está disponible en la página web de la institución. Estos trabajos contables costaron recursos públicos, pues para realizarlos fue necesaria la contratación de firmas privadas.
Sin embargo, el propio contralor había advertido en junio al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, que la auditoría pasaría a ser definitiva ante su negativa a entregar las réplicas a los hallazgos detectados.
Defiende la confidencialidad
El contralor en funciones, Geraldo Espinosa Pérez, defiende la facultad de la institución de reservarse estas informaciones, una postura que contrasta con la de su antecesor, Luis Rafael Delgado, quien afirmó en el 2020: «Tras auditar, la población será debidamente informada de los resultados, pues los funcionarios públicos manejan recursos del Estado, pero no de su propiedad».