Por: Cesar Caamaño.
Especialista en seguridad publica y contrainteligencia.
Vivimos en una época paradoxal: nunca antes los ciudadanos, los policías y los militares habían tenido tan claras sus prerrogativas legales, ni habían portado en sus manos tantos instrumentos de defensa jurídica. Sin embargo, paradójicamente, pocas veces habíamos caminado con tanta desorientación moral.
El día que como sociedad decidimos que las libertades individuales bastaban para sostener el andamiaje social, olvidamos que ningún derecho sobrevive sin el contrapeso sagrado del deber. Y en ese olvido colectivo, la brújula de la moral, la cívica y los valores se nos rompió.
El impacto en la seguridad: Militares y Policías sin el ancla del honor
En las instituciones armadas y del orden —donde la disciplina, la jerarquía y el sacrificio deberían ser pilares inquebrantables—, la balanza se ha inclinado peligrosamente.
La erosión de la obediencia debida y la jerarquía: Si bien es cierto que ningún miembro de estas instituciones está obligado a obedecer órdenes ilegales, el péndulo se ha desplazado hacia un individualismo donde el cumplimiento del deber a menudo se subordina a la conveniencia personal o al miedo a la sanción mediática.
El miedo al ejercicio de la autoridad: El policía que duda en actuar por temor a ser linchado jurídicamente, o el militar que prioriza su protección legal por encima del mandato institucional, terminan paralizados. Cuando los deberes hacia la patria y la seguridad publica se ven eclipsados por el cálculo individual de derechos, el orden público se debilita.
La pérdida del ethos militar y policial: La vocación de servicio, la lealtad y el honor —valores que exigen la disposición de dar la vida o la comodidad por los demás— se han visto reemplazados por una mentalidad puramente laboral, donde se reclaman beneficios pero se evaden los sacrificios inherentes al uniforme.
El impacto en los ciudadanos y la familia: Derechos sin responsabilidad
Fuera de los cuarteles, el panorama civil no es más alentador. La transformación del ciudadano en un ente puramente reivindicativo ha fracturado el tejido social más íntimo: la familia y la comunidad.
El colapso de la célula familiar: La familia, primera escuela de civismo y moral, sufre las consecuencias de una educación centrada en el «yo tengo derecho a ser feliz» por encima del «yo tengo el deber de sostener, educar y cuidar». Los deberes filiales, conyugales y parentales se perciben hoy como cargas opcionales y no como obligaciones éticas indispensables.
Derechos sin contraparte cívica: Exigimos calles limpias, instituciones eficientes y respeto absoluto a nuestras garantías, pero olvidamos el deber elemental de cumplir las leyes, respetar al prójimo, pagar nuestros impuestos cívicos o educar en valores a las nuevas generaciones.
Una sociedad de demandantes, no de constructores: Se ha creado una cultura donde todos reclaman agravios, pero pocos asumen responsabilidades.
La moral pública se ha mercantilizado: vale lo que se puede exigir legalmente, no lo que se debe hacer por decencia humana.
Hacia el reencuentro del equilibrio
El título de este escrito no es una crítica a la conquista de los derechos humanos y constitucionales, los cuales son indispensables para la democracia. Es, más bien, una alerta sobre la peligrosa asimetría en la que hemos caído.
Un ejército de ciudadanos que solo conoce sus derechos es una turba ingobernable; una policía o un ejército que olvida sus deberes morales pierde su razón de ser.
Es urgente recuperar la enseñanza de la cívica, rescatar la moral en las escuelas, revalorizar el deber en los hogares y devolverle el sentido de honor y sacrificio a los uniformados. Porque el día en que comprendamos que la verdadera libertad nace del cumplimiento estricto del deber, ese día —y solo ese día— volveremos a tener una sociedad justa, segura y verdaderamente libre.